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12. El mensaje de Valladolid

En el 250 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla

José Herrera Peña

06 octubre 2003. “Convoquemos a un congreso de representantes de las ciudades, villas y otros lugares del reino”.

Tal fue el grito de Hidalgo. No el de Dolores, porque no existe registro alguno sobre lo que proclamó en ese sitio; pero sí el que podría ser llamado "grito de Valladolid", tres meses después, al dar respuesta por escrito a los inquisidores españoles que lo acusaban de hereje y lo citaban a comparecer ante su tribunal (Manifiesto del señor Hidalgo contestando los cargos que le hizo la Inquisición, J. E. Hernández y Dávalos, Historia de la Guerra de Independencia, tomo III, documento 164, página 301).

Muchos textos señalan que “no obstante su ilustración bien demostrada, Hidalgo no se preocupó por justificar su movimiento con ninguna declaración que pusiera de manifiesto las ideas políticas que animaban a los revolucionarios, fuera del falso grito de viva Fernando VII” (Alfonso Noriega, Decreto Constitucional de Apatzingán, UNAM, México, 1964, página 405).

Este punto merece discusión. Es cierto que no hubo tiempo ni disposición para realizar ningún plan conforme a un cronograma previamente establecido ni de acuerdo con una agenda temática ordenadamente aprobada. A eso se refería Hidalgo cuando declaró “que no adoptó plan ninguno de organización en todo ni en parte, ni se hizo otra cosa más que, según se iba extendiendo la insurrección, dejar (las cosas) como estaban, mudando solamente a los empleados y lo que el desorden traía consigo...” (Respuesta a la pregunta No. 27 del interrogatorio al que fue sometido por el tribunal militar, Hernández y Dávalos, obra citada, tomo I, página 17).

Así, pues, si la tesis que plantean algunos historiadores es que el movimiento se inició sin ningún plan, tendrán razón; pero si lo que sostienen es que no hubo ningún plan para hacer la independencia, no la tendrán. Parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es que la independencia se haya iniciado sin “plan de organización”, como lo admitió Hidalgo, y otra que este gran movimiento histórico no tuviera ya su propio plan, que el propio Hidalgo trató de ejecutar.

Dicho plan no había cambiado un ápice desde hacía dos años. Es el mismo que había propuesto el ayuntamiento de México en septiembre 1808; reafirmado la conspiración de Valladolid en diciembre 1809 y reiterado la que proliferaba por Querétaro, Guanajuato y San Miguel en 1810. Uno de sus puntos esenciales era convocar un congreso nacional compuesto por “representantes de todas las ciudades, villas y lugares del reino”, que asumiera la soberanía nacional. Es lo que, en principio, propuso Hidalgo en esta ciudad.

El procedimiento para establecer dicho congreso es mencionado por los próceres en las declaraciones que produjeron ante los tribunales que los condenaron a muerte. Consistía en elegir a un representante por cada provincia. Juan Aldama, por ejemplo, decía que “todo Querétaro, Guadalajara, Valladolid, etcétera, se hallaban en la mejor disposición para levantar la voz, a fin de que se estableciese una Junta compuesta de un individuo de cada provincia de este reino..., aunque el mismo virrey fuese el presidente de ella, y de este modo, conservar este reino para nuestro católico monarca”. (Declaración de Aldama, Hernández y Dávalos, obra citada, página)

Además de la junta o congreso -con virrey o sin él-, el movimiento de independencia se había propuesto establecer un gobierno provisional que administrara la nación con auxilio de un consejo de Estado; convertir las audiencias en órganos de justicia de tercera y última instancia en materia civil y penal, y mantener a la nación en depósito mientras se restablecía Fernando VII en el trono.

Hidalgo, pues, no diseñó el plan político de la independencia, pero conocía muy bien el que ya estaba diseñado y sentó las bases para llevarlo a cabo. En materia política, asumió el poder ejecutivo en su plenitud desde el 19 de septiembre, en Celaya, con amplias facultades civiles y militares, bajo los títulos de capitán general y protector de la nación, e integró y fue modificando su gabinete conforme fue evolucionando el orden de las cosas; después, anunció en esta ciudad su convocatoria a un congreso nacional, y por último, convirtió la audiencia de Guadalajara en tribunal superior de justicia, nombró a algunos de sus magistrados y ordenó que se hiciera justicia en nombre de la nación.

Para legalizar lo anterior, encargó a un jurista que redactase un proyecto de Constitución Orgánica de México, a fin de someterlo a la consideración del congreso nacional americano constituyente. Dice Castillo Ledón que “al entrar Calleja en Guadalajara, el doctor Maldonado huyó dejando entre sus papeles una Constitución Orgánica de México. El número fue recogido y entregado por el administrador de la imprenta a don Juan de Souza, oidor de la Audiencia, quien lo consignó al Tribunal Judicial”. (Luis Castillo Ledón, Hidalgo, la vida del héroe, Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita, UMSNH, Morelia, 1993, página 224 o 361.)

Bien se sabe que la Constitución política moderna, generalmente escrita y rígida, está compuesta de dos partes fundamentales: la dogmática, que trata sobre los derechos del hombre y del ciudadano, y la orgánica, sobre la forma de gobierno. Imposible saber si ese proyecto -hoy perdido-, hacía referencia sólo a este último tema o también al primero. El caso es que los insurrectos sabían lo que querían.

Ahora bien, la división de poderes, ¿bajo qué forma de gobierno debía establecerse? ¿Bajo el marco de una monarquía constitucional? Parecía difícil, porque no hay monarquía sin monarca y monarca no había. ¿En el de una república? Más difícil todavía, porque el compromiso era mantener el reino independiente para regresárselo a Fernando VII cuando saliera de su cautiverio. De allí que Hidalgo concluyera: “tampoco tuvo pensado el (plan) que se adoptaría, concluida que fuese la insurrección”. (Respuesta de Hidalgo a la pregunta No. 27)

Esta cuestión, por cierto, siempre había sido y seguiría siendo de difícil solución. Mantener la monarquía era mantener la lealtad jurada al monarca; pero adoptar la república era lo más idóneo, porque el monarca no existía. En todo caso, Talamantes había recomendado desde 1808 que este asunto fuera resuelto por el congreso nacional hasta después de agotar todos los puntos, en sus últimas sesiones.

¿Cuál fue la posición de Hidalgo? Parecía inclinado, en principio, hacia lo que produjera la propia naturaleza de las cosas, pero se preparó para ambas soluciones. Por un lado, declaró que “fue su intención conservar este reino para Fernando VII, siempre que saliera de su cautiverio”. Esta es una proposición condicional. Si los franceses devolvían al monarca hispano los dominios que éste les había voluntariamente cedido y le regresaban la libertad para gobernarlos, no tendría más alternativa que aceptarlo; pero por otro lado, si esto no ocurría así, era necesario preparar las condiciones para proclamar la república.

Tal parece ser la razón por la que optó por el “protectorado”, de suyo provisional; es decir, por una forma intermedia entre la monarquía y la república. No rechazaría la figura del monarca, pero tampoco actuaría en su nombre. Y tampoco establecería la república, pero procuraría establecer instituciones republicanas. Por eso el título político que adoptó fue el de Protector de la Nación. Y en efecto, todos sus actos y declaraciones los produciría, no en nombre del rey -ni en su contra-  sino en nombre de la nación.

 

joseherrera0001@prodigy.net.mx

 


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