Política e historia

Si se revisan las democracias antiguas, medievales o contemporáneas, se descubrirá que el fraude electoral, lejos de ser la excepción, es la regla de los procesos democráticos. En una democracia, pues, lo irregular no es el fraude, sino la inexistencia de éste. Lo único que cambia son las dimensiones, formas y matices de su comisión, conforme a tiempo y lugar. La presidencia de Bush hijo, por ejemplo, descansa en el más escandaloso fraude electoral de nuestros días.

Los fraudes pueden ser convenientes o inconvenientes, positivos o negativos, nobles o perversos, según favorezcan a una causa o a otra, a un candidato o a su contrario. En este marco general, no es extraño, como lo señala el distinguido historiador, que se haya cometido fraude en la elección de Valladolid de 1809, ni que éste haya reaparecido en todas las épocas de nuestra vida independiente: desde el que impidió a Vicente Guerrero asumir la presidencia de la República o el que reiteradamente mantuvo en ésta a Porfirio Díaz -pasando por el “fraude patriótico” de la revolución-, hasta el que se cometió en 2000 para lograr la elección de Vicente Fox -a través del financiamiento ilegal que recibió del extranjero y de los apoyos políticos condenables que le dio el presidente Zedillo-, lo que ha desprovisto a su cargo de legitimidad. No sería extraño que también haya habido fraude en las recientes elecciones de 2003. Lo importante en todos los casos no es afirmarlo sino probarlo y aquí es donde suelen atorarse las cosas.

En 1809, por ejemplo, se decidió en España formar una Junta Central Gubernativa con diputados europeos y americanos, con atribuciones para gobernar las inmensas posesiones hispánicas en nombre y en ausencia del rey cautivo. Desde el principio se notó la injusticia e inequidad de su formación: treinta y seis españoles contra diez americanos: casi cinco contra uno.

En todo caso, el 22 de enero de ese año la junta de Sevilla expidió el decreto por el que convoca a “los vastos y preciosos dominios de Indias” a elegir sus diez representantes a la Junta Central, uno por cada uno de los cuatro virreinatos de México, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires, y otro por cada una de las seis capitanías generales independientes de Cuba, Puerto Rico Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas. El reino de la Nueva España, por consiguiente, tendría sólo un diputado al consejo del gobierno español.

Ahora bien, el procedimiento electoral que se previno fue que en las capitales de las provincias, el ayuntamiento de cada una de ellas eligiese a tres individuos, de los que se sortease uno; luego, que el real acuerdo –formado por el virrey y la audiencia- escogiera a tres de entre los sorteados por las provincias, y por último, que este mismo órgano colegiado supremo nombrara por suerte (hoy se diría por insaculación) al individuo que habría de ser el miembro, vocal o diputado a la Junta Central.

En Valladolid se propusieron cuatro notables candidatos: Lardizábal, Foncerrada, Bodega y Abad y Queipo. El primero, Manuel de Lardizábal y Uribe, aunque poco conocido, era distinguido hombre de letras, jurista prominente y fino político. Originario de Tlaxcala, había llegado a España desde su temprana juventud. Era consejero de Castilla durante el reinado de Carlos III, secretario perpetuo de la Academia de la Lengua y escritor reconocido, entre cuyas obras destaca el Discurso sobre el Fuero Juzgo; pero vivía exiliado en Inglaterra desde hacía quince años (vale la pena señalar que sus obras siguen reeditándose y existen cátedras con su nombre en las facultades de derecho españolas y latinoamericanas). El segundo, Cayetano de Foncerrada, era canónigo criollo del arzobispado de México y sería más tarde diputado de la provincia de Valladolid a las cortes constituyentes de Cádiz, donde desempeñaría un brillante papel parlamentario. El tercero, Juan de la Bodega y Cuadra, marino y explorador peruano, había hecho varios viajes por el Pacífico al norte del continente, incluida Nutka, Alaska, en 1792, punto extremo de Nueva España -abandonada en 1795 a los piratas ingleses-, y había levantado espléndidos mapas de todos sus viajes. Y el cuarto, Manuel Abad y Queipo, español y canónigo penitenciario, torturado y perseguido por la ilegitimidad de su nacimiento, sería después obispo ilegítimo de este mismo obispado.

Como lo relata sabrosamente Tenorio Adame, la elección de Valladolid se llevó a cabo en mayo de 1809. Lardizábal obtuvo el primer lugar con seis votos; Foncerrada el segundo con cinco, y los dos restantes, Bodega y Abad y Queipo, el tercero, empatados con cuatro cada uno. Para desempatar se hizo intervenir a la suerte, pero en lugar de que un niño sacara una de las dos cédulas del ánfora transparente, la “mano negra” del escribano sacó la que correspondía a este último. Para satisfacción de todos, habrá que agregar que en la siguiente etapa de este proceso electoral también quedaron descartados Foncerrada y Abad y Queipo. El ayuntamiento de Valladolid, al insacular a su representante por la vía de la “mano negra”, favoreció generosamente a Lardizábal, a fin de apoyar políticamente su regreso a España.

Todas las provincias eligieron a sus tres candidatos, sortearon a uno de ellos y enviaron el nombre de éste al virrey. Tlaxcala también eligió a Lardizábal. Casi cinco meses después, el 4 de octubre de 1809, el virrey convocó al real acuerdo para elegir tres de la lista general. La situación era muy tirante. En Valladolid se conspiraba contra el Estado. Había barruntos de tormenta. El caso es que resultaron electos, en primer lugar, Lardizábal, con todos los votos; en segundo su hermano Miguel, con quien compartía el exilio, y en tercero José Mariano de Almansa, regidor de Veracruz, quien sería después nombrado por las cortes secretario para la Gobernación de Ultramar. Luego, la suerte decidió “casualmente” a favor del primero.

Así que si el fraude vallisoletano había sido de poca monta, el del real acuerdo sería descomunal; pero convenía llevarlo a cabo, no sólo para apoyar el regreso del distinguido académico, sólido jurista y prudente hombre de Estado -desplazado injustamente por la miserable envidia y pequeñez de la nefasta gente de Carlos IV-, sino sobre todo porque parecía conjugar en esos momentos los contrapuestos intereses europeos y americanos. Esto último era, por supuesto, una ilusión. Aunque el electo tenía el perfil perfecto para el cargo, desde septiembre de 1808 habían quedado rotos todos los puentes de entendimiento entre estas dos partes. La conspiración de Valladolid proliferaba en Querétaro, Guanajuato y San Miguel. Nada ni nadie sería capaz de conciliar lo que se había vuelto inconciliable. Este intento político, pues, no trascendería. Sea lo que fuere, la elección se solemnizó en todas las provincias y especialmente en Puebla, a cuya intendencia estaba unida Tlaxcala.

La Junta Central sería de corta vida. Reunida en la isla de León, pronto tomaría la decisión de disolverse, presionada por los motines populares, sin que nuestro representante haya alcanzado a tomar posesión de su cargo. El 30 de enero de 1810, sin embargo, día de su disolución, creó una regencia compuesta por cinco vocales, de los cuales uno sería Miguel de Lardizábal y Uribe, hermano menor del consejero de Castilla, exiliado como él y único americano de ese cuerpo. Dos semanas después, el 14 de febrero de 1810, la regencia convocó a España y América a elegir diputados a cortes constituyentes; pero ésta es otra historia...

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