¿Anacrónica la no intervención?

José Herrera Peña

28 abril 2003. Se ha repetido hasta el hastío que el principio de no intervención es obsoleto, que es un residuo del pasado y que no es aplicable ya en el mundo actual.

Por otra parte, se dice que los derechos humanos están por encima de las fronteras, las naciones y las soberanías, y que su violación no puede ni debe ser justificada por tal principio. ¿Todo esto es cierto?

Categóricamente no. Hay un vínculo indisoluble entre los derechos humanos y el principio de no intervención, de tal suerte que lo uno no puede entenderse sin lo otro. Los derechos humanos no han muerto. Son la base de nuestra civilización. Por otra parte, la no intervención es tan actual como hace cien o doscientos años, y quizá ahora más que nunca. Ha sido, es y seguirá siendo uno de los pivotes más firmes del Derecho Internacional. Luego entonces, no es algo arcaico o sin vigencia. Ningún parlamento ni tribunal –local o internacional- lo ha declarado así. Ningún grupo de naciones lo ha derogado de las cartas constitutivas de los organismos internacionales de los que México forma parte. Sigue vigente en nuestra propia Ley Fundamental y obliga al jefe de Estado a actuar en consecuencia.

Sin embargo, los derechos humanos no están por encima de los Estados, ni de las fronteras, ni de las soberanías nacionales, ni del principio de no intervención. Al contrario. Las soberanías nacionales y los estados no tienen más razón de ser que la de garantizar el goce y ejercicio de dichos derechos dentro de sus fronteras, en el marco de este mismo principio.

Hidalgo y Morelos, por ejemplo, no lucharon para atropellar los derechos humanos sino para hacerlos respetar contra los Aznar y demás gachupines de la misma ralea que existían en aquel tiempo. El gobierno europeo los pisoteaba. Era necesario que la nación asumiera su soberanía para hacerlos respetar. Por eso, dichos próceres decretaron la liberación de los esclavos y abolieron la infamia que representaba el tributo de las castas. Así comenzaron a poner en práctica el principio de que todos nacemos libres e iguales en derechos. La Constitución de Apatzingán declaró que “la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad”.

Luego entonces, los gobiernos, según la temprana doctrina jurídica mexicana, no tienen más que una sola razón de existencia: la de garantizar a la nación y a sus habitantes su “felicidad”. Y dicha “felicidad”, por su parte, no consiste más que en disfrutar y ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Tal es la razón por la cual nuestro Decreto Constitucional de 1814 establece que “la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”.

Esta idea fue reiterada por el Constituyente de 1857, al señalar que “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. Luego entonces, la Constitución Federal reafirmó que tales derechos son la razón de ser del Estado, institución social por antonomasia. Lo que significa que si el Estado nacional no garantiza el goce y ejercicio de los derechos del hombre, no justifica su existencia, es decir, no sirve para nada: sobra. Tan es así, que la sección constitucional relativa a los derechos del hombre y del ciudadano, titulada actualmente de las garantías individuales -enriquecida a partir de 1917 con las garantías sociales-, suele llamarse “parte dogmática”, porque ha sido establecida, como cualquier otro dogma, para observarse, no para discutirse; para respetarse y hacerse respetar, no para ignorarse.

Ahora bien, si los órganos del poder no tienen más razón de existencia que la de garantizar el goce y ejercicio de los dogmas jurídicos, que son los derechos humanos, estos podrán ampliarse, extenderse o multiplicarse, pero jamás limitarse, suspenderse o restringirse, salvo en los casos y conforme a las condiciones que la misma Constitución establece; es decir, invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto.

Los preceptos jurídicos anteriores han regido nuestra existencia como nación a lo largo de nuestra historia. Los derechos del hombre y del ciudadano, por consiguiente, son el principio y el fin -el alfa y el omega- de la cosa pública, así como la única justificación de la existencia del Estado nacional. Cada vez que los viola, el Estado se niega a sí mismo y niega la razón de su existencia.

Pero los derechos humanos tienen como corolario el principio de no intervención. Para que ejerza su función suprema, el Estado requiere forzosa y necesariamente que nadie intervenga en sus asuntos internos. Ninguna nación tiene derecho para intervenir en los asuntos de otra o, como lo señalaba la Constitución de Apatzingán, “ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía”. A partir de entonces, dicho principio forma parte de nuestro ser nacional.

Todas las naciones comparten actualmente esta filosofía política. Por eso, el principio de no intervención está expresamente declarado y reconocido no sólo en nuestra Constitución Política sino también en las Cartas de la ONU y la OEA, al lado de los principios de autodeterminación de los pueblos para forjar su propio destino histórico, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la solución pacífica de las controversias.

Los derechos del hombre no han sido formalmente suspendidos o restringidos por el Estado mexicano, más que en situaciones extraordinarias, es decir, cuando ha habido severas turbulencias domésticas o se ha violado en su perjuicio el principio de no intervención, como ocurrió en la Guerra de Reforma de 1857 a 1860; en la Intervención Francesa de 1862 a 1867, y en las graves perturbaciones internas e intervenciones norteamericanas sufridas por México de 1910 a 1916. Sólo así pudo hacer frente a la situación.

Al recuperarse la situación ordinaria, se ha restablecido la “parte dogmática” de nuestra Constitución, aunque nunca plenamente. Pese a nuestros esfuerzos como pueblo, no hemos podido despojarnos de la intolerancia, el abuso y la arbitrariedad de que hacemos gala como individuos cuando ocupamos cargos públicos. Pero esos esfuerzos por forjar un Estado de Derecho han proseguido. En todo caso, los derechos humanos no han sido instrumentos para quebrantar el principio de no intervención. Al contrario, dicho principio ha sido el valladar que el Estado ha requerido para llevar a cabo su función esencial.

¿Por qué entonces pegamos el grito en el cielo porque en Cuba no se ejercen los derechos humanos a cabalidad? Lo sorprendente no es que no se hayan respetado sino que no se hayan suspendido o restringido con más frecuencia. Veamos: ¿vive acaso la isla en condiciones ordinarias? ¿O ha estado sometida a condiciones extraordinarias desde hace más de cuarenta años? ¿No acaso ha estado sujeta al bloqueo permanente de la nación más poderosa del continente? ¿No se ha hollado constantemente en su perjuicio el principio de no intervención? ¿No se sigue agrediéndola? ¿Hemos hecho algo por aliviar las enormes presiones que se han ejercido contra ella?

Si no la hemos podido ayudar, ¿por qué entonces apoyamos la intervención del poderoso país en sus asuntos internos? Peor aún, ¿por qué creamos condiciones favorables para que éste la embista? ¿Por qué votamos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que se inspeccione cuál es el estado de los derechos humanos en Cuba? ¿No acaso ya lo sabemos, por boca de los responsables del mismo Estado cubano? A confesión de parte, relevo de prueba. Pero, al mismo tiempo, ¿no sabemos asimismo que todos nuestros gobiernos también han violado con frecuencia dichos derechos, y quizá más brutalmente que en Cuba? ¿Por qué entonces somos cómplices de esta campaña criminal contra la pequeña nación hermana?

Si respetamos los principios jurídicos en que descansa nuestra historia, nuestra identidad nacional y nuestro futuro, entre ellos, el de no intervención; es decir, si nos respetamos a nosotros mismos, los demás países, por muy poderosos que sean, nos respetarán. Pero si renegamos de nuestro ser y despreciamos lo que somos -como lo hemos hecho al violar dicho principio-, los demás, por débiles que sean, también nos despreciarán.

Es más: ya han empezado a hacerlo...

joseherrera0001@prodigy.net.mx