¿CASCOS AZULES EN LA FRONTERA MÉXICO-EEUU?



El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, calificó el comentario como “muy jalado de los cabellos” y tiene razón. Se trata de la propuesta presentada por rancheros y grupos hostiles de EEUU a la inmigración de indocumentados mexicanos, en el sentido de pedir la presencia, en la frontera mexicano-estadunidense, de cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El planteamiento es una descabellada contra-ofensiva de los “caza indocumentados” de aquel país, ante los distintos recursos legales que para proteger a los emigrados mexicanos ha presentado el gobierno de México ante juzgados de Estados Unidos.

 

No es la primera ocasión que los estadunidenses hacen gala de su ignorancia en torno a las normas más elementales en materia de derechos humanos y en especial, respecto a los indocumentados mexicanos. En otros momentos, a la hora de invocar la protección consular, México se ha topado, por ejemplo, con argumentos de parte de funcionarios del gobierno texano, quienes postulan que “Texas no ha suscrito la Convención de Viena”.

 

A pesar de lo irrisorio que puede parecer la ignorancia de los ciudadanos del vecino país del norte sobre los temas referidos (y otros más), en realidad México se enfrenta a un gravísimo problema en materia migratoria, especialmente si se toma en cuenta que la tan llevada y traída recuperación de la economía estadunidense no se está produciendo con rapidez y, en consecuencia, los sentimientos proteccionistas en lo comercial, y racistas en materia de inmigración, tienen un buen caldo de cultivo.

 

Tampoco ayuda mucho la normatividad migratoria posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, puesto que el monitoreo de las fronteras y el endurecimiento de los mecanismos para el otorgamiento de visas por parte de EEUU, alimentan la equivocada percepción de que los inmigrantes quieren ingresar a la Unión Americana para hacer daño (en la ecuación siguiente: inmigrante = terrorista). No es sorpresivo en ese contexto, que la matrícula consular que expiden los consulados mexicanos en EEUU para que los indocumentados tengan una identificación que les permita abrir una cuenta bancaria –que a su vez les facilita el envío de las remesas a sus familiares en México-, sea motivo de todo tipo de críticas por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), aun cuando no se trata de un documento migratorio.

 

En este sentido no es el envío de cascos azules a la frontera norte, la solución. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas están previstas para producirse en condiciones de conflictos graves que provocan severas emergencias humanitarias y que crecientemente emanan de los conflictos étnicos, el genocidio, las limpiezas étnicas, y/o la guerra civil, situaciones que en ningún caso se producen en la frontera México-Estados Unidos.

 

En cambio lo que sí ha ocurrido históricamente es la creciente militarización de la frontera por parte de las autoridades estadunidenses, como la “aspirina” para lidiar con el tráfico de estupefacientes, la migración indocumentada y el terrorismo, y las violaciones a los derechos humanos que en esa franja son perpetradas continuamente ameritarían el envío de un rapporteur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que seguramente encontraría que el combinado de la patrulla fronteriza, los rancheros xenófobos y otros organismos “procuradores de la justicia” en el vecino país del norte, cometen delitos de extrema gravedad contra la vida humana. Claro, ello no elimina la posibilidad de que alguna autoridad texana o californiana convoque a una conferencia de prensa para afirmar que “no se reconoce la autoridad del rapporteur del ACNUDH porque ni Texas ni California son miembros de las Naciones Unidas” (ja).

Por María Cristina Rosas


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